¿Cuál es el plan B de la Alcaldía de Bogotá para revivir el POT?

Foto: Laura Aguilera / EL TIEMPO - La Secretaría de Planeación prepara un decreto para evitar que haya densificación sin tener

¿Cuál es el plan B de la Alcaldía de Bogotá para revivir el POT?

Planeación dice que si se mantiene la suspensión empezarán a reglamentar el Decreto 190. Entrevista.

La decisión del Consejo de Estado de esta semana de dejar en manos de un juez administrativo el estudio de fondo de la demanda contra la reforma del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del alcalde Petro, pero manteniendo la suspensión, tiene a la Administración trabajando en un plan B que permita conseguir suelo para vivienda de interés prioritario.

Aunque la presidenta del alto tribunal, María Claudia Rojas, descartó que el juez que asuma el caso pueda levantar la suspensión, el secretario de Planeación, Gerardo Ardila, opina lo contrario, como lo explicó en entrevista con EL TIEMPO.

¿Qué decidió el Consejo de Estado sobre el POT?

Lo único que ha hecho es definir la competencia del juez. Hasta este momento nadie ha tocado la legalidad del Decreto 364, con el cual se expidió la Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial.

¿Y por qué no levantó la suspensión?

La presidenta del Consejo de Estado dijo que decidieron utilizar por primera vez una reforma de hace dos años, que permite que lo actuado en un proceso, cuando se devuelve, se mantenga. Pero eso debe operar cuando es el mismo nivel, por ejemplo, de una corte a otra corte. En este caso, se baja a un juez.

¿Cuál es su posición?

Que si se devuelve, no tenía competencia para la suspensión.

¿De quién fue la decisión original de suspender el POT?

Cuando llegaron las demandas, el magistrado Vargas recibió una, y rápidamente decidió que la devolvía, pero antes de hacerlo habló con la magistrada Elizabeth García, que había recibido otra, y ella le dijo que esperara a que terminara de analizar el caso. Vargas fue sorprendido con la decisión de suspensión de García y entonces él devolvió la demanda. Así que quedaron dos posiciones en el Consejo de Estado.

¿Se supondría que ahora sí deberían decidir?

En este momento lo que pedimos es que levanten la suspensión.

¿Para qué quieren que se levante la suspensión?

El entorno que crea el Decreto 364 es fundamental para la ciudad. En este momento no solo es reconocido por quienes hicimos el articulado, sino por un amplísimo sector de la sociedad. Los enemigos del POT son pocos.

¿Quiénes quieren que se reviva el POT?

No he conocido un constructor que no me diga que eso lo beneficiaba. Les permite mayor edificabilidad en general, lo cual implica una mayor rentabilidad para los negocios. Al mismo tiempo están las fórmulas que habíamos establecido para las cesiones del espacio público. El otro tema es la mezcla de usos.

¿Y por qué es importante?

Porque el Decreto 190, por ejemplo, no permite que haya escuelas, jardines infantiles o casas de justicia en sectores residenciales donde se necesitan. Con la suspensión del 364, que sí lo autoriza, nos ha tocado hacer muchas vueltas y hacer estructuras provisionales, porque de lo contrario no se podría poner equipamientos donde se necesitan.

¿Qué otro tema hay?

El industrial. Si bien la nueva industria no se está localizando en Bogotá por temas de suelo, aunque las grandes se siguen manteniendo en la ciudad por las ventajas que tiene, hay otra industria que se afecta: las industrias de tipo doméstico, que funcionan en las casas, como las panaderías, las zapaterías y la confección. El 364 las legalizaba.

¿Qué otro efecto hay?

El 364 eliminaba los planes de implantación y regularización, que se toman dos y tres años, para proyectos por debajo de 50.000 metros cuadrados.

¿Cuántos proyectos están en el limbo por la suspensión?

Unos cuatro mil. Han tenido que reformularlos y eso cuesta mucho dinero. Han tenido que pagar por acomodar el proyecto al POT actual. Entre agosto del 2013 y agosto del 2014 se aprobaron 604 licencias. Después de suspendidos, con el 190 se han aprobado 59 licencias.

¿Cuál es el escenario ahora?

Estamos como si hubieran demandado ayer.

¿Cuánto puede tardar una decisión?

El grupo de abogados dice que puede pasar en la misma semana que llega el proceso al juez, porque al recibir y aceptar la demanda tiene que decidir qué hace con la suspensión. Ahí sabemos si la van a mantener o la van a levantar. La ligereza con la que actúo Elizabeth García es la que nos tiene en esta situación. Si ella no hubiese suspendido el POT, ya no estaríamos discutiendo.

¿Hay intereses políticos?

Yo creo que este es un tema político por excelencia.

¿Quiénes son los enemigos del POT?

Hubo gente que compró suelo muy barato, en el norte y en el occidente, porque era un negociazo comprar suelo baratísimo rural para después aprovecharlo como urbano. Esperaban el momento en que se pudiera urbanizar, ganando una cantidad enorme, sin aportarle a la ciudad. Ese grupo de personas se sintieron lesionadas con el POT porque tenían una expectativa de ganancia. Creo que algunos gremios, me refiero a Camacol, se quedaron a comienzos del siglo veinte, cuando la idea fundamental era la ganancia. Muchos miembros de Camacol no están de acuerdo con esa posición, pero no lo dicen.

¿Cuál es el plan B?

Si se mantiene la suspensión o los jueces la determinan, empezamos a reglamentar el 190.

Tenemos un decreto sobre tratamientos de consolidación y mejoramiento integral que nos permite intervenir los procesos de densificación desordenados, como en Cedritos, donde se densificó sin tener en cuenta los problemas de redes y vías.

Hay otro decreto para proyectos de renovación urbana. Los nuevos planes parciales de renovación tienen que cumplir las obligaciones urbanísticas que están en el Plan de Desarrollo. Tienen que dar cesiones para vivienda de interés prioritario, para vías y espacio público.

Otro busca condiciones para disminuir el déficit de vivienda VIP. Impone porcentajes mínimos de suelo. Está en el Plan de Desarrollo. No podemos cambiar es el uso del suelo porque el 190 no lo permite. Nos toca acomodarnos a lo que hay.

Hay otro decreto que mantiene la prohibición de localizar desarrollos urbanísticos en áreas con condiciones de riesgo, que están en los mapas.

Fuente
EL TIEMPO


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